El Derecho Penal administrativo en México

Propiedades

Título

El Derecho Penal administrativo en México

Autor

J. Luis Guevara Virgen

Palabras clave

Procedimientos Administrativos-Tesis y disertaciones académicas | Delitos-Tesis y disertaciones académicas | Derecho Penal-Tesis y disertaciones académicas-Legislación-México

Fecha de titulación

1982

Editorial

Universidad Autónoma de Nayarit

Resumen

Se analizan los sistemas tripartito (crímenes, delitos y contravenciones) y bipartito (delitos y contravenciones).
Se exponen diversas posturas sobre distinciones ontológicas (éticas, de afectación de bienes jurídicos o de elementos subjetivos) frente a corrientes que niegan diferencias cualitativas y sostienen que solo existen diferencias cuantitativas o de grado.
Concepto y Autonomía del Derecho Penal Administrativo:
Se estudia como la rama encargada de reprimir contravenciones o faltas ajenas a los delitos comunes.
Incluye faltas de policía, contravenciones a leyes administrativas (como las fiscales) y faltas disciplinarias.
Se discute su autonomía científica: la postura autonómica de James Goldschmidt frente a las críticas y tesis negacionistas que lo consideran un seudoproblema o una rama especial del derecho penal común (como las posturas de Ernesto R. Gavier y Enrique R. Aftalión).
Sanción Penal y Sanción Administrativa:
Ambas sanciones comparten finalidades represivas, preventivas (general y especial), de intimidación y corrección.
Se diferencian principalmente por la autoridad que las impone (judicial o administrativa) y por su gravedad, empleando multas y arrestos de manera análoga.
Se justifica la potestad sancionadora de la Administración Pública como un mecanismo indispensable para salvaguardar el interés y el orden público sin entorpecer la función estatal acudiendo siempre a los tribunales.
El Derecho Penal Administrativo en México y su Constitucionalidad:
Se examina el artículo 21 de la Constitución Mexicana, el cual faculta a la autoridad administrativa para castigar infracciones a reglamentos gubernativos y de policía con multas o arrestos.
Se debate la problemática de su redacción restrictiva frente a las leyes administrativas generales, aunque tanto la legislación como la jurisprudencia de la Suprema Corte reconocen de forma uniforme la competencia de la administración para aplicar sanciones derivadas de leyes y disposiciones fiscales.
Consideraciones Finales:
Se concluye que la ilicitud es genérica y unitaria; la diferencia entre delito e infracción administrativa radica esencialmente en la naturaleza de la sanción y en la voluntad del legislador por razones de política criminal.
El derecho penal administrativo no constituye una rama autónoma, sino un derecho penal especial integrado dentro del derecho público.

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